“Co-evolución” del sistema de educación superior y del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile

El sistema de educación superior en Chile ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años. En un comienzo, sólo existían la Universidad de Chile (creada en 1843) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (creada en el año 1888).

Hasta el año 1955 la creación de este tipo de instituciones estaba bastante restringida, existiendo hasta esa fecha siete universidades que en el día de hoy se constituyen en instituciones de carácter investigativo que concentran el 85% de los artículos científicos registrados internacionalmente durante el período 2000-2005 y tienen a su cargo el 80% de los proyectos FONDECYT activos durante el año 2008; ofrecen el 70% de los programas de doctorado del país y el 41% de los programas de magister (Brunner, 2009).

Entre los años 1956 y 1990 se crearon universidades derivadas de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, universidades Católicas derivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se fundaron las primeras universidades privadas. Hasta esta fecha, el aseguramiento de la calidad se basaba en mecanismos consensuados por la comunidad académica, basados en el control de pares, el rol de organismos colegiados y el resguardo del prestigio institucional (Memoria CNA-Chile 2007-2010).

La reforma de 1980 establece un marco normativo que reconoce formalmente instituciones de educación superior no universitaria, tales como institutos profesionales, centros de formación técnica; y más adelante, instituciones dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y de la Policía de Investigaciones (Scharager & Aravena, 2010). Todos estos organismos están  facultados para otorgar títulos y grados reconocidos por el Estado de Chile.

En la década de los ‘90 comenzaron a surgir nuevas instituciones de educación superior, aumentando las posibilidades de acceder a este tipo de instrucción, ampliando la oferta de programas y en consecuencia, acrecentando la matrícula a nivel nacional.

En esta misma década, entra en vigencia la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 18.962, que constituye en el Consejo Superior de Educación (actualmente Consejo Nacional de Educación). Este organismo ha estado a cargo del diseño y puesta en marcha del mecanismo de licenciamiento, cuyo objetivo es otorgar la autonomía a instituciones de educación superior nuevas mediante la evaluación del cumplimiento de sus respectivos proyectos institucionales. De esta manera, se establecieron estándares mínimos de calidad para aquellas instituciones que ingresan al sistema autónomo de Educación Superior en Chile y al mismo tiempo promovieron capacidades de autorregulación entre las instituciones que se encontraban bajo supervisión (Memoria CNA-Chile 2007-2010; Kells, 1993).

En forma paralela se comenzaron a desarrollar e implementar nuevas políticas de desarrollo de la educación superior, entre las que destaca la puesta en marcha del Programa de Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la Educación Superior (MECESUP), que contemplaba las siguientes líneas de acción: a) Fondo Competitivo (pregrado, postgrado y formación de técnicos superiores); b) Aseguramiento de calidad; c) Fortalecimiento institucional; d) Revisión del financiamiento universitario; y e) Sistema de información pública (Scharager & Aravena, 2010).

Otra iniciativa propuesta por el Ministerio de Educación en el año 1998, en el contexto del MECESUP, sentó las bases del sistema chileno de acreditación con la creación un año más tarde de dos Comisiones Asesoras de Evaluación de la Calidad de Programas: Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (CONAP) (Zapata & Tejeda, 2009). La creación de estos organismos y la puesta en marcha de la fase experimental de procesos de acreditación de carreras e instituciones impulsó un cambio en el sistema. El desarrollo y aplicación de instrumentos y procedimientos para llevar a cabo procesos de autoevaluación y evaluación de pares externos y, la experiencia de más de 450 carreras que participaron voluntariamente de esta etapa, movilizaron a las instituciones y las estimularon a trabajar por el mejoramiento de sus programas, estableciendo gradualmente una cultura de evaluación en un medio de creciente competencia (Scharager & Aravena, 2010).

En el año 2001, la CNAP implementó un proyecto piloto de acreditación institucional, el cual logró incorporar con el tiempo a gran parte de las instituciones de educación superior universitarias y no universitarias del país (Zapata & Tejeda, 2009). Con la conducción de procesos de acreditación para instituciones autónomas, que voluntariamente se sometieron a evaluación, se sentaron las bases para la consolidación del actual Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que se formalizó con la promulgación de la Ley 20.119 en noviembre de 2006 y que, en la actualidad, enmarca las políticas para el mejoramiento de la educación superior en Chile (Scharager & Aravena, 2010).

Con la promulgación de la Ley 20.129 se crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), que es el organismo responsable de evaluar y verificar la calidad de los programas e instituciones de educación superior autónomas en Chile (Zapata & Tejeda, 2009). Asimismo, es el encargado de autorizar y supervisar a las agencias acreditadoras privadas.

En la actualidad existen en Chile 8 agencias acreditadoras privadas, las cuales pueden acreditar programas técnicos, de pregrado y/o magister en diversas áreas del conocimiento, dependiendo de su autorización. Las agencias son autónomas en su decisión de acreditación, deben contar con un consejo disciplinar por área del conocimiento autorizada y con un registro público de pares evaluadores.

Hoy en día podría decirse que el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile se encuentra en régimen, en tanto existe una ley que lo regula. No obstante, la ley no es clara en algunos aspectos, como por ejemplo, en los mecanismos de apelación de los programas sometidos a procesos de acreditación, en la evaluación de carreras de medicina y programas de magister.

A más de una década de iniciado el sistema, aún no es posible medir el impacto real de las políticas de aseguramiento en programas e instituciones que se someten a procesos de acreditación, ya que si bien se evidencian cambios ocurridos en las carreras y a nivel central, no se puede afirmar con certeza que éstos son provocados exclusivamente como consecuencia de los procesos de acreditación, ya que se han implementado en el país diversos mecanismos y políticas con miras a desarrollar la calidad de la educación (Scharager & Aravena, 2010)

Por otra parte, el organismo supervisor de las agencias privadas (CNA-Chile) está en proceso de consolidación, experimentando cambios de autoridades, realizando procesos de acreditación institucional y al mismo tiempo de programas de pregrado y magister. Adicionalmente, debe supervisar a las agencias privadas, lo que hasta el momento se ha traducido en una auditoría de procesos sin contenido y no se ha centrado en aspectos sustantivos, tales como calidad en la ejecución de procesos de acreditación, buenas prácticas, replicabilidad de las decisiones de acreditación, entre otros.

Asimismo, la acreditación de programas se basa en criterios elaborados en el período experimental de la CNAP, los cuales están centrados principalmente en el desarrollo de procesos y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Lo cual en un comienzo estaba bien, considerando que existían instituciones que no contaban con una estructura organizacional, administrativa y financiera adecuada, con condiciones básicas de infraestructura ni con un cuerpo docente mínimo. Hoy en día todas las instituciones cuentan con los aspectos básicos para funcionar, por lo que sería necesario reformular los criterios de acreditación para comenzar a medir resultados. Hasta el momento la evaluación no da cuenta de lo que efectivamente aprenden los estudiantes a lo largo de su proceso formativo, no es posible comparar objetivamente la calidad profesional de titulados de una misma carrera en distintas instituciones de educación superior, excepto en medicina y pedagogía, en las cuales se ha instalado un sistema nacional de medición.

Lo anterior ha comenzado a generar suspicacias y críticas acerca del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile. En el último tiempo ha sido posible observar artículos en los diarios que exponen esta situación. Un ejemplo de ello es un artículo que publicó el diario La Segunda el 21 de abril del presente año titulado “Las sombras que pesan sobre el millonario negocio de la acreditación de carreras”, en el cual mezcla niveles de análisis, confunde el rol de la CNA y las agencias privadas y entrega datos fuera de contexto; lo que da cuenta del desconocimiento de la población general acerca del sistema.

Si bien se ha avanzado en la consolidación de un sistema de aseguramiento de calidad, aún es necesario realizar nuevos esfuerzos para no quedarse estancados y poder seguir desarrollando nuevos procedimientos que vayan a la par de la evolución de nuestro sistema de educación superior y que responda a la necesidad de información de la población que es usuaria de este sistema.

María Teresa Aravena R.

Santiago, 09 de mayo de 2011

Texto producido en el marco del Curso de Formación y Actualización en Procesos Regionales de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior - RIACES 2011

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